El tema de la demilitarización del país es algido, como también lo es el de utilizar a las fuerzas armadas para combatir el narcotrafico. Son topicos que generan una polarización enorme, el ejecutivo federal se empeña en defender el uso de las fuerzar armadas a capa y espada mientras el grueso poblacional pide que estas regresen a los cuarteles.
Si bien es cierto que tanto el ejercito como la marina han participado en la detención de importantes narcotraficantes y en el decomiso de grandes cargamentos de drogas y armas, también se han visto inmersos en escandalos de abuso a los derechos humanos, detenciones y ejecuciones extra oficiales, cateos sin orden judicial, como fue el caso de Hank Rhon, y demás acciones ilicitas en las que no hacen distingo entre sicarios y ciudadanos de a pie.
Casos como el de los alumnos del Tec de Monterrey que fueron asesinados y a los que posteriormente les fueron sembradas armas para hacerlos pasar como sicarios son ejemplos de como es que el ejercito tiene una manera de operar distinta. En la constitución se lee claramente que las fuerzas armadas deben de permanecer encuarteladas en periodos de paz y que solo deben salir de ellos para apoyar a la población en casos de desastre natural o para atender graves amenzas a la seguridad nacional. Ésta reglamentación puede estar sustentada en que el ejercito recibe una preparación distinta a la de la policia, no estan entrenados para operar con población civil en la calle, no se les entrena para patrullar zonas urbanas o para catear casas y hacer detenciones, de eso se debe ocupar la policia.
Desde que inicio éste sexenio el ejercito fue lanzado a las calles, son ya 5 años de desgaste continuo donde han sido mellados en su animo pero sobretodo en sus bonos con la sociedad civil . La población de ciudades que han sido sitiadas por el ejercito exigen que este deje las labores de vigilancia, muchas veces, son acusados de ser más sanguinarios que los sicarios.
El hecho de que los abusos cometidos por elementos castrenses solamente puedan ser juzgados por cortes marciales es algo que deja mucho que desear, muchas veces esto es un cheque al portador para la impunidad y la corrupción. Diversos casos han sido turnados a la CIDH porque en México no son escuchados, la corte ha emitido recomendaciones al gobierno pero estas han sido ignoradas, hechos como estos poco a poco van deslavando el verde olivo.
Como se puede leer en Proceso 1804, muchos de los soldados apostados en retenes reciben la orden de disparar a cualquier auto que parezca sospechoso, de hacer favores de encubrimiento, de limpieza y como es que muchas veces, tienen que obedecer las ordenes más antieticas para poder ascender. Todo esto es muestra de que el ejercito debe de ser encuartelado. El aparato castrense poco a poco ha sido infiltrado, está cayendo en la practica de acciones de dudosa calidad etica.
Si el gobierno federal quiere recuperar la confianza perdida en las instituciones publicas, un buen comienzo podria ser éste, regresar el ejercito a los cuarteles y empezar a atacar al narcotrafico en sus centros neuralgicos, como lo es lo financiero. Al final de cuentas, los soldados también son hijos de nuestro pueblo que se enrolan en busca de una mayor calidad de vida para sus familias, justo es su deseo, pero dicha oportunidad debe brindarse en condiciones de plena seguridad, equipamiento y entrenamiento, no como lo han hecho hasta ahora, en franca desventaja.
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